Hace 10 años las autoridades de Lanzarote, adelantándose al sentir de los tiempos, decidieron colgar el cartel de "no urbanizable" en un buen puñado de kilómetros cuadrados de este pequeño paraíso que flota en el Atlántico.

Una década después, los esfuerzos renovados del cabildo por preservar el entorno se han topado de lleno con un problema añadido: ya no se trata, como entonces y como está haciendo Baleares, de reservar suelo rústico, se trata de dar marcha atrás en lo que hace unos años se estimó e impedir que se construya en suelo urbanizado o en proceso de urbanizar. Es decir, limitar el crecimiento turístico en zonas donde las licencias ya están en manos de los promotores. La moratoria urbanística tiene nombre y apellido y el aplauso de la mayoría de la población: 10.000 camas en diez años.

En 1997, el cabildo insular detectó –como ya ocurriera hace diez años– un nuevo boom turístico en la isla y propuso a un grupo de expertos que reflexionaran sobre los perjuicios que este auge podría ocasionar y sobre las soluciones necesarias para preservar una isla singular y una población muy vinculada a la tierra. La discusión intelectual llevó hasta la imprenta un documento titulado Lanzarote en la Biosfera, una estrategia hacia el desarrollo sostenible. Pues bien, esta estrategia asegura, entre otras cosas, que una de las herramientas imprescindibles "aunque insuficientes" para modular el crecimiento turístico en la isla es la aprobación de una moratoria urbanística a diez años vista: una moratoria que no amplíe en más de 10.000 el número de nuevas plazas, de modo que el total no supere las 67.000.

Sin embargo, muy al contrario de lo que ha ocurrido en Baleares, donde el consenso social ha espoleado el interés político y ha sido el PP el decidido impulsor de la moratoria, en Lanzarote –gobernada por el PSOE– los promotores inmobiliarios han encontrado en las ambigüedades de los partidos el mejor refugio para sus intereses. Como señalaba hace unos días un asesor de Enrique Pérez Parrilla, el presidente insular: "En público todos quieren moratoria, en privado nadie la quiere". De hecho, los ayuntamientos implicados, sobre todo Yaiza y Teguise, se han comprometido a respaldar el proceso de desclasificación, pero nadie hasta la fecha ha firmado un papel. Además, el resto de las islas miran para otro lado cada vez que escuchan la palabra moratoria.

Los tribunales han venido a complicar las cosas. Cuando las autoridades de Lanzarote optaron por sacar adelante la moraademás de suspender temporalmente el uso de las licencias adjudicadas (más de 15.000), también decidieron encuadrar el proyecto en el Plan Insular de Ordenación del Territorio, que data de 1991. Los jueces se encargaron entonces de recordar que esta vía era claramente insuficiente desde el punto de vista jurídico, entre otras cosas, porque las autoridades insulares obviaron unos de los trámites obligatorios del proceso inicial, la fase de información pública. El Tribunal Superior de Canarias dictaminó en su momento que no se puede suspender temporalmente el uso de las licencias sin haber pasado ante el trámite de información pública. Reparado el trámite burocrático, las autoridades insulares sabían que una segunda piedra, algo más gorda, iba a interponerse en su camino. El cabildo no era la autoridad competente para liderar el proyecto, pues se trataba de una competencia de carácter autonómico.

La nueva Ley del Territorio viene a cubrir este vacío legal. Ayer, la consejera de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, María Eugenia Márquez (PP), tuvo especial interés en advertir que la ley no impone "moratorias turísticas, porque para hablar con propiedad sobre este tema es necesario la elaboración de un estudio previo sobre la capacidad de carga del territorio". Las declaraciones de Márquez dejan entrever las diferencias que en este asunto existen entre el PP y Coalición Canaria, más proclive a las restricciones. De todas formas, y a pesar de la advertencia de Márquez, la nueva Ley del Territorio da cobertura legal a las medidas que en este sentido adopten los cabildos insulares "si no hay una ley autonómica que diga lo contrario".

El Parlamento canario aprobó ayer la Ley del Territorio, un texto prolijo y muy técnico –tiene más de doscientos artículos– que el gobierno de Manuel Hermoso ha elaborado para agrupar en una misma norma asuntos que hasta ahora estaban regulados en leyes diferentes, como la de espacios naturales o la de turismo. El nuevo texto pretende también cubrir el vacío legal que dejó en su momento el Constitucional al negarle al Estado competencias en materia de suelo.

Entre otras cosas, la ley clasifica y define el suelo rústico en positivo, no como suelo residual; copia de la legislación valenciana la figura del urbanizador para evitar la retención especulativa y contribuir desde la administración autonómica al abaratamiento del suelo destinado a vivienda y clarifica las competencias de los cabildos en el diseño de los planes insulares de ordenación del territorio, y en especial en la ordenación insular del suelo turístico.